La familia obtiene un acuerdo de $1 millón tras demanda, Laredo Morning Times

Por Taryn T. Walters
LAREDO MORNING TIMES

Los familiares de un hombre que murió en 2009 en la Cárcel del Condado de Webb obtuvieron un acuerdo de $1 millón, el más grande jamás alcanzado con una entidad gubernamental en la historia del Condado de Webb, según el abogado local Ron Rodriguez.

El anuncio se produjo apenas semanas antes de que el caso estuviera programado para ir a juicio el 18 de abril.

Rodriguez, quien representó a la familia y a los hijos de Rafael Edgardo Solis Sr., de 38 años, dijo sentirse orgulloso de haber llevado este asunto a una conclusión exitosa para sus clientes.

“Junto con Public Justice, obtuvimos una justicia completa para ellos, logrando el acuerdo más grande con una entidad gubernamental en la historia del Condado de Webb, por el monto total de los límites de la póliza de seguro”, dijo Rodriguez.

El grupo Public Justice, con sede en Washington, D.C., que brindó asistencia en el caso, impulsa litigios de alto impacto para combatir la injusticia social y económica. Rodriguez es miembro de la junta directiva de Public Justice.

La madre de Solis, Maria Del Refugio Escamilla, y sus dos hijos presentaron una demanda en febrero de 2011 contra el Condado de Webb, el sheriff Martin Cuellar, siete carceleros y un técnico médico de emergencias.

En junio de 2015, el juez federal senior George P. Kazen emitió una orden permitiendo que las reclamaciones por uso excesivo de fuerza contra los carceleros continuaran, señalando que “un jurado razonable podría inferir que la muerte y las lesiones graves de Solis indicaban el uso de más fuerza de la necesaria para evitar que Solis se lastimara y para transportarlo al hospital”.

Kazen desestimó las reclamaciones contra el condado, Cuellar y el técnico médico de emergencias.

La demanda continuó contra los carceleros Joel Jorge Cavazos, Gerardo Gonzalez, Rolando Cantu, John Jimenez, Ramiro Rendon, Carlos Diaz y Juan Roque.

Solis murió el 14 de febrero de 2009 mientras era sujetado por carceleros que se preparaban para trasladarlo a un hospital.

La Dra. Corinne Stern, médica forense del Condado de Webb, determinó que su muerte fue un homicidio, concluyendo que murió por asfixia resultante de restricción física, según documentos judiciales.

Stern “encontró numerosos cortes y moretones en la cabeza, torso, brazos y piernas de (Solis); descubrió que tenía dos costillas fracturadas; y presentaba hemorragia interna en el pecho y la espalda, ‘evidencia’, señaló, ‘de lesiones por fuerza contundente’”, indican los registros.

Los hallazgos de una investigación realizada por los Texas Rangers coinciden con la opinión de Stern.

Un testigo experto de la defensa sostiene que Solis murió debido a delirium tremens, una forma severa de abstinencia alcohólica, y no por el uso de fuerza.

“Durante los últimos ocho años, la familia de Rafael ha esperado justicia y que los carceleros bajo cuya custodia Rafael murió rindieran cuentas”, dijo Jessica Bennett, abogada de Public Justice.

“Por supuesto, nada puede traer de vuelta a Rafael. Pero con este acuerdo, la familia de Rafael finalmente ha recibido la justicia y el cierre que merece.

“Y esperamos que esto motive al Condado de Webb a tomar medidas para asegurar que esto nunca vuelva a ocurrirle a nadie más”.

Rodriguez agregó: “El resultado de este caso garantizará que todos los miembros de nuestra comunidad sean tratados con dignidad y respeto en caso de encarcelamiento”.

El Condado de Webb no respondió a una solicitud de comentarios sobre esta historia.

El caso está programado para discusión y posible acción por parte de la Corte de Comisionados para aprobar la oferta de acuerdo en la reunión del lunes.

Las partes presentaron un aviso conjunto ante el tribunal federal anunciando que se había alcanzado un acuerdo y solicitando una conferencia de conciliación ante la corte.

En el aviso, las partes solicitaron el nombramiento del abogado Richard J. Gonzalez como guardian ad litem para el acuerdo debido a que uno de los hijos de Solis era menor de edad.

Un guardian ad litem es una persona designada por el tribunal para asegurar que los mejores intereses de un menor estén representados en un caso.

Aún no se ha fijado una fecha para la conferencia ante el tribunal.